Más de 150 grupos miembros de Alabama Arise y más de 1,500 miembros individuales eligen todos los años nuestras prioridades legislativas. Este proceso garantiza que los habitantes de Alabama más afectados por la pobreza participen de las decisiones. A continuación se enumeran las prioridades que nuestros miembros eligieron para 2025.
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Reforma impositiva – Un sistema impositivo más equitativo puede ayudar a la gente con problemas a llegar a fin de mes. Alabama debería quitar el impuesto a los alimentos y asegurar financiación justa y sostenible para servicios esenciales.
Presupuestos estatales adecuados – Los servicios públicos fuertes amplían las oportunidades para todos. Alabama debe ampliar Medicaid y proteger los fondos para las escuelas públicas. También debe reducir el hambre y las dificultades respaldando el desayuno gratuito universal en las escuelas públicas.
Derecho al voto – Todos merecen su voz en nuestra democracia. Alabama debe aprobar el voto temprano sin excusas y eliminar barreras para la restauración del derecho al voto para quienes no lo tienen.
Reforma de justicia penal – Nuestro sistema de justicia debe asegurar la justicia y la equidad para todos. Alabama debe mejorar el sistema de libertad condicional, reformar las leyes de sentencias punitivas y reducir la dependencia de multas y tarifas como fuente de ingresos.
Atención médica maternoinfantil – La salud y seguridad de las familias es de suma importancia. Alabama debe mejorar el acceso a atención médica de alta calidad, asegurar que no se criminalice la atención vital durante el embarazo y extender la licencia prenatal para empleados y maestros en el estado.
Transporte público – La conexión comunitaria es esencial. Alabama debe financiar el Fondo Fiduciario de Transporte Público para que todos puedan llegar al trabajo, la escuela, la atención médica y más.
Reforma de pena de muerte – Todos en Alabama merecen la misma justicia según la ley. Un paso clave en esta dirección sería aplicar la prohibición de Alabama de anulación judicial de veredictos de jurado de manera retroactiva, para aplicarla a personas sentenciadas bajo esta política, ahora ilegal.